Laicismo o barbarie en Oriente Próximo

La reciente decapitación de 47 presos políticos acusados de "terrorismo" en Arabia Saudí, que si no ha pasado desapercibida ha sido porque entre ellos se encontraba un protegido de la otra gran teocracia de Oriente Próximo, ha puesto al descubierto la verdadera naturaleza de los aliados de "Occidente" en dicha región del Mundo.

Si juzgamos a las políticas por sus resultados y no por sus objetivos declarados, no cabe duda de que el verdadero resultado de la política de "Occidente" en Oriente Próximo no ha sido otro que propiciar la sustitución de regímenes laicos por regímenes teocráticos, si bien este resultado ha venido enmascarado por el objetivo declarado de promover la democracia frente a la dictadura.

Es cierto que Najibulá en Afganistán, Sadam Hussein en Irak, Bachar al Asad en Siria, Gadaffi en Libia, etc... eran dictadores, pero no es menos cierto que encarnaban regímenes laicos en los que se respetaba la libertad religiosa, se respetaban y promovían los derechos de la mujer como nunca se habían respetado en esa región del Mundo, se promovían la educación y la cultura y, sobre todo, se garantizaba a la mayoría de sus habitantes un nivel de vida digno. Tareas todas ellas en las que han fracasado los regímenes que los han sustituido o están en trance de hacerlo gracias, entre otras cosas, a la intervención de "Occidente".

En muchos casos, además, los regímenes que los han sustituido han sido teocracias fanáticas (como ocurrió tras la primera guerra de Afganistán) que hubo luego que combatir. En otros casos, los regímenes que los sustituyeron han de enfrentarse a la amenaza de enemigos poderosos como el ISIS, que tratan de imponer teocracias no menos fanáticas y enemigas de los derechos humanos, especialmente de los derechos del 50% femenino de la humanidad.

Y si hace unos años las grandes potencias en Oriente Próximo eran regímenes laicos (Egipto, Irán, Irak, Siria...), ahora son teocracias como Arabia Saudí o el Irán de los Ayatolas.

Empeñarse en no reconocer que el laicismo es una precondición de la democracia, para elaborar un discurso en el que se acaba por apoyar como "luchadores por la libertad" a fanáticos religiosos es un craso error que acaban pagando millones de personas como estamos viendo. Si no es algo peor: cinismo de la peor especie.

Reconozcamos pues que sin laicismo no hay democracia y que, por tanto, hoy por hoy la verdadera alternativa en Oriente Próximo no es entre democracia o dictadura, sino entre laicismo o barbarie.

Pedir permiso

Los debates políticos en TV cada vez me aburren mas pero ayer, haciendo zapping, pude escuchar a nuestro Presidente de Gobierno decir que para manifestarse había que "pedir permiso". La frase venía a cuento de una pregunta sobre la conocida como "Ley Mordaza" y la frase venía a decir (hablo de memoria) que en España había libertad de manifestación pero que para ello había que cumplir con las leyes; por ejemplo, "había que pedir permiso".

Al parecer, Rajoy no sabe que desde 1978 en España ya no hay que pedir permiso para manifestarse.

Es verdad que la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión dice que "La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberá ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa", pero "comunicar" no es lo mismo que "pedir permiso". Pedir permiso implica reconocer a la autoridad gubernativa la potestad de prohibir o permitir la manifestación. Comunicar, en cambio, es un mero trámite administrativo por el que se informa a la autoridad gubernativa de que la manifestación se va a celebrar, para que pueda tomar las medidas necesarias, por ejemplo, para garantizar el ejercicio pacifico del derecho a manifestarse.

Bien es verdad que la propia Ley 9/1983 concede a la autoridad gubernativa la potestad de modificar o incluso suspender la manifestación cuando concurren circunstancias especiales (que la ley describe), pero esta potestad no es  ilimitada, sino que que está sujeta al posible recurso que los organizadores puedan interponer ante el juez, que debe responder con urgencia y puede dar la razón a los organizadores y revocar la decisión del gobierno, algo que en España ha sucedido ya en mas de una ocasión.

Puede que al "ciudadano de pie" (que, como todo el mundo sabe, es una categoría filosófica cuyas principales características son la ignorancia y la indiferencia) que tanto le gusta a Rajoy, toda la discusión precedente le traiga sin cuidado y considere que a fin de cuentas da lo mismo. Pero a un ciudadano consciente de sus derechos no debería darle lo mismo. 

A mí al menos, me parece escandaloso que todo un Presidente de Gobierno (y candidato a la Presidencia por cuatro años mas) se permita el lujo de decir en un programa de TV de máxima audiencia que en España hay que pedir permiso para manifestarse. Y que, al día siguiente, ninguno de los otros candidatos diga nada me parece mas escandaloso todavía (he mirado posibles reacciones en Internet y solo he encontrado un par de tuits al respecto por parte de gente poco conocida).

Si este es el resultado de 40 años de democracia tras una transición "modélica", apañados vamos.

Paisaje después de la batalla ¿Pueden 15 (+5) ser menos que 11?

Las elecciones andaluzas han dibujado un nuevo Parlamento claramente escorado a la izquierda respecto de los resultados de 2012. La derecha, representada por el PP y Ciudadanos ha obtenido 42 escaños, 8 menos que los obtenidos por el PP en solitario en 2012. El PSOE, cuyo discurso se reclama de izquierdas, ha repetido con 47 escaños, mientras que los partidos a su izquierda han obtenido 20 diputados en total (15 de Podemos por 5 de IU), ocho mas que los 11 obtenidos por IU en solitario en 2012.

Sin embargo, el gobierno que se espera tras las elecciones no es un gobierno escorado a la izquierda con respecto al gobierno anterior, resultado de una alianza entre PSOE e IU, sino un gobierno del PSOE en solitario, es decir un gobierno escorado hacia el centro, en el que la izquierda transformadora pierde influencia.

Para algunos esto solo demuestra que la situación anterior era una situación atípica, producto de un pacto "in extremis" consecuencia de la mayoría relativa del PP, que obligaba al PSOE a un pacto con IU para mantenerse en el poder. Sin embargo, un breve vistazo a la nueva composición del Parlamento basta para convencernos de que el PSOE necesita también ahora de algún pacto para mantenerse en el poder, es decir para conseguir la investidura y gobernar en minoría, como parece ser su objetivo.

De modo que, al menos en principio, los grupos políticos a su izquierda - Podemos en especial - tienen todavía margen para imponer una negociación y un gobierno al menos tan a la izquierda como el anterior. O, en su defecto, a forzar al PSOE a un pacto con su derecha, lo que dañaría su pretendida imagen de partido de izquierdas o, en último extremo, forzar unas nuevas elecciones.

Llama por tanto la atención la polémica que parece haberse instalado en Podemos acerca de su apoyo o no a la investidura de Susana Díaz, como si apoyar o no un gobierno en solitario del PSOE fuese la única posibilidad. Una posibilidad que, eso sí, una vez alcanzada no tendría vuelta atrás, pues sería impensable una moción de censura para la que tendrían que ponerse de acuerdo formaciones a la izquierda y a la derecha del PSOE.

En 2012 IU apoyó la investidura de Griñán a cambio de un pacto de gobierno que contenía medidas inequívocamente de izquierdas y de dos consejerías desde las que impulsar políticas propias de vivienda, de infraestructuras, de movilidad y de turismo. ¿Deben los 15 diputados de Podemos pedir menos a cambio de su apoyo? Parece absurdo.

Y si la estrategia de Podemos pasa por no apoyar a Susana Díaz, obligándola a un acuerdo con la derecha o a convocar nuevas elecciones ¿A que vienen tantas dudas y tanto marear la perdiz al respecto?.

¿Son acaso 15 menos que 11?

Despilfarro y "austeridad republicana"

En estos momentos en que desde la derecha económica se defiende la "austeridad" - concebida fundamentalmente como recorte de los servicios básicos del Estado - y desde cierta autoproclamada izquierda económica se propugna, como alternativa, la vuelta a un keynesianismo acrítico, que recuerda cada vez mas una vuelta a los "buenos tiempos" del despilfarro en la inversión pública que tanto ha contribuido a la corrupción y a la crisis económica que padecemos, resulta esclarecedor replantearse el papel que en el necesario cambio del modelo de gestión de la cosa pública puede jugar el concepto de "austeridad republicana".


Por lo poco que yo sé, el concepto de "austeridad republicana" tiene su origen en el pensamiento político del padre de la patria Mexicana Benito Juárez y es un concepto de enorme arraigo, incluso hoy en día, en el pensamiento político de México. Tal y como lo formuló Benito Juárez, la "austeridad republicana" no es sino el compromiso ético por parte de los cargos públicos de hacer una gestión austera de los recursos públicos, en función sobre todo de las necesidades de la mayoría social y con renuncia expresa al enriquecimiento personal. El término "republicana" pues, hace mas referencia al respeto por la "res pública" que a una forma de gobierno determinada, aunque es de suponer que los ideales republicanos, antimonárquicos y anticlericales de Juárez pesaron a la hora de acuñar el término.


Nada tiene que ver, por otra parte, dicho concepto con el concepto de austeridad que maneja hoy en día la Troika, que no es otra cosa que hacer del Estado y, mas concretamente, de sus políticas sociales, un rehén de las deudas tanto públicas como privadas contraídas a consecuencia del despilfarro y la corrupción que suelen caracterizar la gestión de los recursos públicos por parte del estado neoliberal.

Por otro lado, con el paso de los años, los mecanismos de corrupción se han ido refinando hasta alcanzar una complejidad y una sutileza desconocida en los tiempos de Juárez. Del abuso de las prebendas que el cargo público conlleva se ha pasado a las "puertas giratorias", pasando por los innumerables mecanismos de "mordida" en la concesión de obras públicas. De manera que el despilfarro en la inversión pública se ha convertido en la parte del león de la corrupción política, lo que exige una redefinición y una adaptación a los tiempos modernos del concepto juarista.

Así que, sin eliminar por ello la necesaria austeridad en los sueldos y retribuciones de los cargos públicos de todo tipo, es preciso colocar la austeridad y el compromiso ético en la gestión y la planificación de la inversión pública en el centro del concepto de "austeridad republicana". Ello es así porque, además de las mordidas ilegales, el propio despilfarro en la inversión pública, incluso en ausencia de contraprestación inmediata, puede tener una remuneración "en diferido" (por hacer uso de un concepto crecientemente popular) mediante prebendas concedidas una vez finalizado el mandato del político en cuestión: el conocido mecanismo de las "puertas giratorias", contra el que es cada vez mas difícil luchar. Por ejemplo, es posible sortear las leyes que impiden la contratación de los ex-ministros como altos cargos de empresas privadas por el simple procedimiento de contratarlos como altos cargos de una filial extranjera, algo que ya ha sucedido en la persona de la ex-ministra de economía Elena Salgado, en la actualidad consejera de Chiléctrica, filial Chilena de ENDESA.

Y este es sólo uno de los mecanismos por los que la corrupción puede ser recompensada de manera totalmente "legal". No es pues cuestión de hacer (solo) leyes anti-corrupción cada vez mas alambicadas, que a menudo solo sirven para que los corruptos ideen fórmulas igualmente alambicadas para esquevarlas. Es mas bien cuestión de compromiso ético por parte de los políticos y de actitud vigilante por parte de los ciudadanos. Y, desde luego, el mejor modo de evitar la corrupción ligada a las inversiones públicas es la austeridad en su gestión: donde no hay nada que morder no es posible la "mordida". 

Por desgracia, no solo los políticos sino la sociedad española en su conjunto es bastante permisiva con el despilfarro en la gestión de la inversión pública, cuando no claramente favorable a él. ¿Cuantas veces hemos visto a políticos locales alardear de haber conseguido fondos públicos para inversiones claramente innecesarias o que se podían haber resuelto de otro modo mas económico con igual o incluso mayor eficacia? Y a la sociedad valorar esto positivamente, no como muestra de despilfarro en la gestión de los fondos públicos, sino de la particular astucia política del político de turno. España es un país que gusta de "disparar con la pólvora del Rey", como si la pólvora del Rey no fuera en realidad la pólvora de todos.

Por poner un ejemplo políticamente incorrecto pero esclarecedor. Pocas inversiones han recibido mas alabanzas en nuestra ciudad (Sevilla) y generado mas envidia en las ciudades vecinas que la Línea 1 del "metro". Una inversión de 650 millones de euros para generar una sola línea de transporte público altamente deficitaria (su mantenimiento tiene un coste anual para la Junta de Andalucía - es decir, para todos los andaluces - de 40 millones de euros, sin el cual el coste del billete se duplicaría) que se podría haber resuelto a un coste mucho menor mediante alternativas de transporte en superficie mucho mas ecológicas y menos costosas. De hecho, con la misma inversión o incluso menor se podría haber construido toda una red de tranvías o BRTs en plataforma reservada, que diera servicio a toda el Área Metropolitana. Pese a su alto coste, el proyecto vigente para el futuro del transporte público de la ciudad sigue siendo construir tes líneas mas de metro, con un coste similar para cada una de ellas.

Con 650 millones de euros se podría, por ejemplo, rescatar de las manos de los bancos alrededor de 10.000 viviendas, para crear un parque municipal de viviendas de alquiler, tan necesario para paliar la crisis de las familias afectadas por las hipotecas, con un coste de mantenimiento mucho menor. Hubiera sido pues una buena muestra de "austeridad republicana" reorientar las inversiones previstas para la red de metro hacia otros objetivos socialmente mas urgentes y necesarios, satisfaciendo las necesidades de transporte público mediante otros proyectos menos costosos e igualmente eficaces. No obstante, pocos consensos hay mas arraigados, no ya entre los políticos, sino entre los propios ciudadanos de a pie que la "urgente necesidad" de abordar cuanto antes la construcción de la red de metro de Sevilla.

Pongo este ejemplo intencionadamente polémico para que se vea cuan lejos estamos todavía de la necesaria austeridad republicana en la gestión de los recursos públicos y, en especial, en la gestión de la inversión pública. Y cuan necesario es introducir  este asunto en el debate político.

Me gustaría que en estos tiempos en los que proliferan los "códigos éticos" para los cargos públicos, se incluyera en dichos códigos este concepto de "austeridad republicana", convenientemente actualizado para tener en cuenta las nuevas formas de la corrupción. En lo que respecta a la inversión pública, el concepto podría definirse como "ser austeros y eficaces en la inversión pública para poder ser generosos en los servicios al ciudadano, como la sanidad, la educación, la atención social... etc.)".

Pánico

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pánico es un "miedo grande o temor muy intenso". El Diccionario de María Moliner precisa un poco mas: "... miedo causado por lo desconocido (por ejemplo por los ruidos de la Naturaleza atribuidos al Dios Pan). Espanto. Pavor. Terror. Miedo grandísimo".

Cualquiera de ambas formulaciones define perfectamente la reacción del Gobierno de España ante la posibilidad de que los catalanes voten acerca de su independencia. Especialmente la definición de Maria Moliner, que hace referencia al miedo a lo desconocido. En este caso lo desconocido son los pensamientos de los catalanes. Ante dicha incertidumbre, el Gobierno tira por la calle de enmedio y prohíbe la consulta, sin reparar que con ello lo único que hace es aplazar el problema y dar argumentos a los independentistas.

El pánico siempre ha sido un mal consejero y esta no es una excepción. Si, como parece inevitable, el Gobierno y su siempre dócil Tribunal Constitucional anulan la consulta, lo mas probable es que nos veamos abocado a unas elecciones anticipadas en Cataluña, en las que los partidos independentistas obtengan una amplia mayoría que, eventualmente, les permitiría incluso declarar la independencia de modo unilateral. O al menos plantear unas negociaciones con el Gobierno Central desde una indudable posición de fuerza.

Sin embargo, pocas veces ha habido menos motivos para el pánico. La historia de todos los referendos de secesión habidos hasta ahora en los países desarrollados (Quebecq, Escocia...) es clara: a la hora de la verdad las poblaciones de todos esos territorios optan por mantener el stau-quo sin arriesgarse a aventuras secesionistas que puedan afectar a su bienestar material.

En el caso de Cataluña, un país con una potente economía industrial que depende en gran medida del mercado español y europeo, la independencia significaría a corto plazo un crisis en toda regla para dicha industria, que se sumaría a la actual crisis a escala europea. A ello habría que sumar la necesidad inmediata de crear una nueva moneda y un sistema financiero independiente y las dificultades para financiarse en un mercado internacional cada vez mas especulativo... Todo ello sin los recursos naturales (petróleo) de que disponía Escocia, por ejemplo, a la hora de planificar su independencia. Por no hablar de los factores internos: el Govern de CiU ha sido y sigue siendo el campeón español y europeo de la corrupción, los recortes y las políticas antisociales.¿Solucionará la independencia este problema o mas bien contribuirá a que las clases dominantes catalanas enmascaren su corrupción y su avaricia tras el "patriotismo" de una Nación recién creada?

Como demócrata estoy a favor de que la gente vote sobre los asuntos que les conciernen y de que su voto sea tenido en cuenta. Pero es que además, como ser racional que soy (y no dudo de que los catalanes lo son también en su inmensa mayoría), estoy seguro de que los argumentos anteriores y muchos otros que surgirían en un debate sereno acabarían inclinando el voto de la mayoría de los catalanes en contra de la independencia, como ya ocurriera en Quebecq y mas recientemente en Escocia. ¿A qué pues tanto pánico?

La razón hay que buscarla, en primer lugar, en la escasa tradición democrática de la derecha española. Cuando desde el PP se criticaba a sus correligionarios del Partido Conservador británico (tan de derechas como ellos en todo lo demás) por su "irresponsabilidad" al permitir el referendum de Escocia, lo que se evidenciaba era la escasa tradición democrática de nuestra derecha. Nuestra derecha está tan acostumbrada a imponerse por la vía de la fuerza y no por la vía de los argumentos que la mera posibilidad de un debate seguido de una votación la aterra. Aunque, como en este caso, la posición anti-secesionista cuente con argumentos de sobra para imponerse en el debate. Aunque los acuerdos que se sustentan en el debate democrático sean los únicos duraderos.

Pero hay todavía razones mas profundas que tienen sus raíces en la prevalencia de las formas de pensamiento religiosas en nuestro país frente a las racionales. En España la política no se hace desde la razón sino desde la fé. Y ya se sabe que las verdades de la fé no cabe votarlas. Para el que cree que España es una realidad inmanente e indivisible (o, en su versión moderna,para el que cree que la soberanía recae en el "Pueblo Español" de manera "indivisible"), España no es un producto del acuerdo razonable de una serie de pueblos a lo largo de su historia, sino un "verdad" incuestionable: una "Unidad de Destino en lo Universal" que dijo el ideólogo del fascismo español. Y sobre eso, claro, no cabe votar y el mero hecho de que se plantee una votación produce pánico. Aunque, como hemos visto, haya argumentos de sobra para seguir manteniendo esa unidad.

La elección "antidemocrática" de los alcaldes y la increíble pobreza del discurso de la izquierda

La propuesta del PP para la elección "directa" de los alcaldes es una propuesta antidemocrática por partida doble.

Es antidemocrática porque cualquier elección de cualquier órgano público unipersonal solo puede ser democrática si es en un proceso a doble vuelta: si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría de los votos en la primera vuelta, se produce una segunda vuelta entre los dos candidatos mas votados. Esta es una ley universal de la democracia, válida tanto para los procesos electorales (elecciones presidenciales de Brasil, Francia...) como para los procesos parlamentarios (elección de Presidente de España, de Presidentes de Comunidades Autónomas...) y hasta para las Comunidades de Vecinos.

Por otro lado, a menos que se cambie la Ley de Régimen Local, un Alcalde que no tenga el apoyo de la mayoría de los concejales sería objeto inmediatamente de una moción de censura (Arts. 22, 33 y 123 de dicha Ley). De modo que la  "elección directa del Alcalde" que propone el PP implica necesariamente, para ser eficaz, conceder a la lista mas votada la mayoría mas uno de los concejales del pleno (algo que el propio PP ha reconocido en mas de una ocasión, aunque se abstiene de publicitarlo). Es decir, que implica no solo la elección antidemocrática de los alcaldes, sino también la elección antidemocrática de los concejales necesarios para garantizar al alcalde el apoyo del Pleno Municipal.

Dicho sea de paso, esta antidemocrática elección de concejales sería necesaria incluso si la elección de alcalde se hiciera en un proceso a dos vueltas. Y lo sería incluso en el caso de que se prohibieran las mociones de censura, pues un pleno municipal, a diferencia un parlamento, no es un órgano puramente legislativo, sino también ejecutivo. Lo que quiere decir que es imposible gobernar sin el apoyo de la mayoría de los concejales del pleno municipal. Habría que cambiar totalmente la Ley de Régimen Local, quitándole al pleno municipal la mayoría de sus atribuciones, traspasándolas directamente al alcalde, para que una elección directa de alcalde (incluso a dos vueltas) fuera eficaz sin introducir cambios antidemocráticos en la elección de los concejales. Y no estoy muy seguro de que este traspaso de competencias del pleno al alcalde sea algo muy democrático, mas bien lo contrario. 

Ante tamaño despropósito ¿Qué argumentos oímos a los máximos responsables de los partidos de la Oposición? Hasta la fecha y con honrosas excepciones, el argumento mas repetido es la "falta de consenso". Hace falta ser torpe para, a estas alturas, invocar el consenso otra vez. ¿No ha sido el "consenso" el que nos ha llevado, en gran parte, a esta situación de corrupción y de aislamiento de la casta política de la población?

¿Por qué la oposición no va al origen del problema y denuncia que la "elección directa de los alcaldes" que propone el PP es en realidad una elección antidemocrática, no solo de los alcaldes sino también de muchos concejales?

Estamos ante un nuevo ejemplo de la pérdida del discurso de la izquierda mayoritaria, que ha ido cediendo parcelas de éste a la derecha sin ni siquiera disputárselas. En este caso, en vez de negar la mayor, desenmascarando el carácter antidemocrático (y, por tanto, contraproducente desde el punto de vista de cualquier "regeneración democrática") de la propuesta, se limita a mendigar "consenso", como si el consenso pudiera justificar una medida antidemocrática.

Y no va mucho mas allá la izquierda minoritaria, que denuncia la propuesta como una medida que "favorece el bipartidismo". No es que no lo favorezca, que desde luego lo favorece, pero da la impresión de que una medida antidemocrática que no favoreciera el bipartidismo le parecería bien a la izquierda minoritaria. Es decir, da de nuevo la impresión de que los políticos se mueven fundamentalmente por sus propios intereses: en este caso la eliminación del bipartidismo, que lógicamente no interesa a los partidos minoritarios.

¡No es cuestión de consenso, ni de bipartidismo, sino de democracia, estúpidos!

¿A quién pèrtenece Gaza?

En estos momentos en que la "Comunidad Internacional" vierte lágrimas de cocodrilo por hectolitros ante el "sufrimiento de la población de Gaza" y ruega por un "alto el fuego", convendría responder antes a la pregunta: ¿Qué administración estatal o interestatal es la responsable de velar por la seguridad y, a ser posible, el bienestar de los gazatíes? O, dicho en román paladino ¿A que estado o comunidad de estados pertenece Gaza? Aunque solo sea para saber a quien hemos de dirigir nuestros ruegos.

Históricamente, la Franja de Gaza era parte del Estado Egipcio, al que le fue arrebatada por el Estado de Israel tras la Guerra de los 6 Días, hace ya unos 50 años. Según esto Gaza sería un territorio egipcio ocupado por Israel, que sería por tanto la administración responsable según el derecho internacional.

Ahora bien, el Estado Egipcio hace tiempo que renunció a dicho territorio en beneficio de un futuro "Estado Palestino", cuya existencia futura garantizaba la citada Comunidad Internacional mediante las oportunas resoluciones de las Naciones Unidas, su máximo órgano de expresión y gobierno. Según esto, dicho Estado Palestino sería la administración responsable

Ahora bien, 50 años después de la ocupación de Gaza por Israel, el Estado Palestino sigue sin existir, o al menos sin ser reconocido como tal por la Comunidad Internacional (si así fuera sería miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, máximo órgano de gobierno de dicha Comunidad Internacional). No cabe duda de que esto complica las cosas.

Tampoco podemos decir que Gaza sea parte del Estado de Israel, pues ni Egipto renunció a ella para que fuera anexionada por Israel, ni el propio Israel ha mostrado nunca el menor interés por dicha anexión. De hecho, llegó a desmantelar los asentamientos judíos en Gaza, en una muestra clara de desinterés por cualquier tipo de anexión, presente o futura, de pleno derecho o de facto. Además, si así fuera, el Estado de Israel estaría bombardeando a su propia población, lo que no tendría sentido.

En estas condiciones y ante la inexistencia del mencionado Estado Palestino, solo caben dos posibilidades: O Gaza es un "protectorado" de Israel, que debe velar por el bienestar de los gazatíes mientras se dan las condiciones para la creación del Estado Palestino y su futura integración en dicho Estado. O Gaza es un protectorado de la propia Comunidad Internacional, que es la responsable por tanto del bienestar de los gazatíes, al menos en tanto la propia Comunidad Internacional no delegue en algún otro estado el ejercicio de dichas funciones (con la aceptación expresa de dicho estado, por supuesto).

En el primer caso, el Estado de Israel estaría faltando de forma clamorosa a su deber, por lo que debería ser duramente sancionado por la Comunidad Internacional.

En el segundo, sería la propia Comunidad Internacional, la que debería hacer frente a su responsabilidad para evitar la masacre, en vez de llorar hipócritas lágrimas de cocodrilo.

Por supuesto que nada de esto va a suceder, pero al menos deberían ahorrarnos el penoso espectáculo de su hipocresía.